SILENCIO DELATOR
Tito Ortiz.-
El “tripresidente” de los empresarios granadinos ha guardado un mutismo sospechoso, ante la absorción de Bankia, con lo que se liquida el último reducto de una caja granadina, con la honrosa excepción de La Rural, cuyo presidente fue claro como el caldo de un asilo, al asegurar en estas páginas, que: «En Granada, nos falta liderazgo político y empresarial. Hay que abrir los ojos». Hasta ahora es el único que habla alto y claro, ante la lenta e irremediable pobreza que nos atenaza.
El “tripresidente”, culpa de todos los males patrios al gobierno de Sánchez, convirtiendo su discurso en un adalid de la política, olvidando su mandato empresarial. Es más, cuando arremete sin piedad contra el gobierno de la nación, su jefe, el presidente de todos los empresarios españoles, aparece en medios nacionales, hablando de la buena sintonía con el gobierno de Sánchez, y en la necesidad de aunar esfuerzos entre todos. Tal vez, el granadino, debería quitarse la mascarilla, y proponerse a las claras, como candidato de su partido más afín, pero para eso hay que tener vergüenza torera y él carece de mano izquierda.
Las noticias publicadas en los medios han dejado claro que hemos asistido a una absorción y, no a una fusión, entre Bankia y Caixa Bank. De hecho la entidad resultante se va a llamar Caixa-Bank. Esta absorción, en uno de los países más bancarizados del mundo, representa un salto en la concentración de capital. Asimismo, esta operación es una mala noticia porque significa perder una oportunidad de formar un Banco Público.
Los de Recortes Cero han defendido, que tener un Banco Público es imprescindible para poder plantearnos un proyecto de reindustrialización. Nuestro país necesita urgentemente una reconstrucción del tejido productivo que acabe con la completa dependencia de nuestra economía de sectores como el turismo que, como estamos viendo, nos hace totalmente vulnerables. Hay que recordar que el 60% del capital de Bankia es público, fruto del rescate bancario y que Bankia el año pasado rindió 541 millones, estos recursos deben ponerse al servicio de las necesidades de la mayoría. Por ello, es de justicia reclamar que los 24.000 millones, que se dijo que se iban a devolver, se pongan al servicio de generar riqueza y empleo. En este sentido, exigimos un riguroso control de la operación, la más absoluta transparencia y que el dinero del rescate – dentro de la nueva entidad – siga siendo propiedad pública y su rendimiento sea invertido por el estado en reindustrializar el país y reconstruir el tejido productivo. Dejar estas decisiones en manos de los políticos y los banqueros, es renunciar a nuestros derechos, dejar que sigan esquilmando nuestros bolsillos, y que los pobres sigan creciendo a una velocidad de vértigo, tan solo comparable con el abismo de la clase obrera, que como siempre, es la que una vez más está pagando el pato sin que nadie la defienda. La última sentencia de sobre Rodrigo Rato, no hace más que evidenciar nuestro desamparo, ante los mangantes de guante blanco.