CARAMELOS ENVENENADOS

 CARAMELOS ENVENENADOS

Tito Ortiz.-

Algún mal intencionado podría pensar que, las ayudas gubernamentales en tiempo de pandemia tienen por misión acabar con el tejido productivo al que están destinadas. Eso sería tanto como admitir que como el número de fallecidos por la COVID 19 se ha cebado con los mayores de edad, el Gobierno se está ahorrando una pasta gansa en pensiones. Que no digo yo que no, aunque pienso que lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros, porque los gastos en salud se han disparado y de qué manera.

 El asunto es que, los créditos ICO con la pandemia se han convertido en un arma de doble filo. Es cierto que han servido para salvar, por ahora, a un número importante de empresas y autónomos, pero la prolongación en el tiempo de la tragedia que nos asola, y el retraso en la recuperación de la actividad, está terminando por convertir las cuotas de esos préstamos para muchas pymes en un, auténtico suplicio de imposible cumplimiento. Y aunque el gobierno estudia una serie de medidas: por un lado,  condonar una parte del 70% u 80% del crédito que está avalado por el Estado; y por otro, la posibilidad de que se aplique una quita a esos préstamos ICO y que la banca asuma su parte correspondiente,  con la iglesia hemos topado. Los banqueros (esos que cobran sueldos de 4,5 millones en plena pandemia), con el gobernador del Banco de España al frente, se echan las manos a la cabeza y no han tardado ni un segundo en levantarse en contra. ¿Cómo van a tener ellos un “quebranto en sus beneficios”? Sí, son los mismos que en su Asamblea de la CEOE de junio decían que sus propuestas eran para ayudar a salir de la crisis.

El caso es que al parecer, te ayudan a salir de la crisis, pero en el momento en que firmas la deuda del crédito, te obsequian con un revolver, calibre 32 con tambor de cinco cartuchos, para que en llegando el momento preciso, lo apoyes en tu sien y le des gusto al gatillo, al no comprender que, con los avales del ICO se han concedido 118.000 millones. Suponiendo que un 30% tuviera problemas y se le aplicara una quita del 20%, tendría un coste de 7.000 millones,  5.000 los pagaría el Estado y otros 2.000 la banca, pero desde allí dicen que han tenido pocos beneficios en 2020 porque han provisionado 18.531 millones de euros en fondos para hacer frente a impagos y otros problemas. Por eso no pueden afrontar 2.000 millones para ayudar a las pymes y autónomos de este país. ¿Se puede tener más cara?

El gobierno no debería retroceder ni un milímetro, acabar con sus privilegios fiscales y exigirles la devolución de todas las ayudas de la crisis anterior. ¡Habría dinero para quitas y condonaciones y que ninguna pyme o autónomo se quedara en el camino! Ya está bien de aguantar a esta gentuza que nos empuja al abismo y la desesperación, con la anuencia de los políticos.