VIOLENCIA INSTITUCIONAL

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Tito Ortiz.- Solo desde el desconocimiento de la ley, y las ganas de ofrecer titulares a la prensa, se puede asegurar, que, en el caso del culebrón veraniego, se está aplicando violencia institucional por estos pagos. Donde de verdad se está sufriendo auténtica violencia institucional, es en Cataluña, donde un gobierno autonómico en huida hacia adelante, impone sus sectarios criterios, incluso a la oposición y a los ciudadanos que ésta representa. El colmo de la dictadura separatista, es la imagen de una venerable anciana, que en el parlamento catalán, retira unas banderas nacionales, como si el pretendido referéndum ya se hubiera celebrado y lo hubieran ganado, en contra incluso de la neutralidad que Podemos, su partido, ha pedido en éstas acciones. Violencia institucional es cuando gobernantes elegidos por el pueblo, desobedecen los dictámenes del alto tribunal, hacen de su capa un sayo, y haciendo oídos sordos, siguen en progresión suicida, contrarios a la Ley y sus máximos representantes. Se pasan la Constitución por el forro de la barretina, desafían a toda una Nación que algo tiene que decir en todo ese proceso, y al que no le guste, que se vaya. Eso si es violencia institucional. Se trata de una constante provocación, esperando el instante orgásmico para ellos, de que el tercio de la Legión española, avance con la cabra por el Paseo de Gracia, para que la foto de la vuelta al mundo y así poder presentarse como víctimas internacionales, de un proceso de independencia enloquecido, fuera de todo orden y justificación, ignorando que el pueblo catalán, desde el siglo pasado es el más privilegiado del suelo patrio, en el que el Estado, en detrimento de otras regiones, no ha dejado de repartir prebendas económicas y sociales, para mantener la paz social. Y ha sido tanto el nivel alcanzado, en comparación con el resto de España, que algunos catalanes se han creído los reyes del mambo, posicionándose por encima de lo divino y lo humano, arrastrando a un pueblo al que no se le han explicado bien las consecuencias de una separación del país. La calificación como, violencia institucional, no puede ser gratuita y sin fundamento. Se juega con demasiada frecuencia, a soltar frases de las que seremos eternamente deudores, solo para que sean difundidas por los medios, para justificar las estampidas en callejones sin salida, cuando los procesos judiciales están abiertos y nada se ha decidido al respecto. Los conflictos – y el de Granada los es – no deben resolverse a golpe de titulares, sobre todo, cuando el diálogo no existe, y la proclamación es solo de una parte. Cuando mejor se ejerce la presión social, es cuando ésta emana de una mayoría amparada por la Ley. Cuando es solo producto del efectismo de una foto y un comunicado, no solo va languideciendo su eco a la ciudadanía, sino que se da pábulo a que aparezcan en escena, operadores contrarios a la proclama, como es el caso, y la defensa de unos criterios que en principio parecían lógicos y ajustados a derecho, se van convirtiendo en hechos que reciben la contestación de quienes opinan contrariamente, o aprovechan la oportunidad, para obtener su minuto de gloria de manera gratuita. La estrategia del caso granadino, está equivocada desde el principio, mal dirigida, y con algunas acciones de las protagonistas contrarias a derecho. “Seamos sensatos, pidamos lo imposible”, fue solo un eslogan del Mayo del 68.